https://doi.org/10.61286/e-rms.v3i.191

Revisiones bibliográficas

 

El Estado en expansión: Un análisis crítico de sus patologías, transformaciones y desafíos

The expanding State: A critical analysis of its pathologies, transformations, and challenges

 

Roberto Rodrigo, Lagos Flores  Sobres de correo, sobres de correo, sobre png | PNGEgg

 

Facultad de Derecho, Universidad de Las Américas, Chile.

Resumen

El fenómeno de la expansión de las funciones y el alcance del Estado, cuyo crecimiento desborda su vocación originaria como moderador y garante del orden político, convirtiéndose en un problema de naturaleza política que desdibuja las fronteras entre lo público y lo privado, distorsiona su función moderadora y amenaza las libertades individuales. La metodología empleada es una investigación conceptual y documental, que combina el análisis de fuentes primarias de la tradición de la filosofía política con fuentes secundarias especializadas. Entre los resultados más significativos, se identifica que la expansión estatal se manifiesta en burocracia desmedida, hipertrofia legislativa, fusión Estado-sociedad, intervención en ámbitos no políticos, y una tendencia a servir a intereses particulares o ideológicos. Las principales conclusiones del estudio sostienen que esta “desmesura estatal” no consiste solo en un crecimiento cuantitativo, sino en un problema político que genera patologías como el autoritarismo, la pérdida de soberanía y crisis de legitimidad, agravadas en contextos latinoamericanos, donde el Estado se desvía de sus funciones políticas esenciales de seguridad y orden, traicionando así su propósito fundamental.

 

Palabras clave:  expansión estatal, filosofía política, burocracia, soberanía, Estado.

Abstract

The phenomenon of the expansion of the functions and scope of the State, whose growth overflows its original vocation as moderator and guarantor of political order, becoming a problem of a political nature that blurs the boundaries between the public and the private, distorts its moderating function and threatens individual freedoms. The methodology employed is a conceptual and documentary research, which combines the analysis of primary sources from the tradition of political philosophy with specialized secondary sources. Among the most significant results, it is identified that state expansion manifests itself in excessive bureaucracy, legislative hypertrophy, state-society fusion, intervention in non-political spheres, and a tendency to serve particular or ideological interests. The main conclusions of the study are that this “state overreach” is not only a quantitative growth, but a political problem that generates pathologies such as authoritarianism, loss of sovereignty and legitimacy crisis, aggravated in Latin American contexts, where the State deviates from its essential political functions of security and order, thus betraying its fundamental purpose.

 

Keywords: state expansion, political philosophy, bureaucracy, sovereignty, State.

Recibido/Received

21-05-2025

Aprobado/Approved

11-08-2025

Publicado/Published

12-08-2025

 

 

Introducción

 

 

Fue Julien Freund, uno de los filósofos políticos más preclaros del fin del siglo pasado, sociólogo y profesor de la Universidad de Estrasburgo, quien con rigor y en distintos momentos de su producción académica, afirmó que el Estado, como creación histórica de la era moderna y como mediador en la actividad humana, traicionó su vocación originaria al arrogarse roles y ocupaciones distintos a su constitución, por ejemplo, al atribuirse “el papel de empresario, de pedagogo o de maestro de ciencias o artes” (Freund, 1982, p. 13). Dicho en otras palabras, para este autor francés el aparato estatal abandonó su función y abjuró de su disposición natural al comprobarse una expansión desmedida de sus tareas y, en conjunto con ello, fue perdiendo su carácter moderador de la sociedad, transformándose en una máquina de control, de opresión y de intervención en actividades humanas que deberían ser autónomas y libres para cada ser. En consecuencia, desviándose hacia otras áreas no políticas -que es a fin de cuentas su rol primigenio- llegando a apropiarse de labores económicas, culturales o religiosas. Asimismo, este extravío se hace comprobable al impulsar la proliferación de leyes, decretos, órdenes ejecutivas y reglamentos y al hacer de la burocracia un sistema incontrolable y de nunca acabar. Cuestión, dicho sea de paso, constatada por este autor en las últimas dos décadas del siglo veinte y que, al observar en la actualidad, desde este primer cuarto de un nuevo siglo, no deja de impresionar por cuanto aquella desmesura no ha dejado de desarrollarse, por ejemplo, mediante, confinamientos obligatorios, regulaciones al uso de internet y redes sociales, generando doctrinas estatales sobre pedagogía o moralidad o mediante la vigilancia masiva y en tiempo real.

La reflexión de Freund sobre la expansión estatal, que le tomó algunos capítulos en distintas obras (1968; 1982; 2017), inicialmente se concibe como un proceso de racionalización y organización social, pero termina por reforzar mecanismos autoritarios y de control, lo que resulta especialmente pertinente en el contexto contemporáneo y muy aplicable en Latinoamérica, según sus propias particularidades respecto de la noción de lo estatal. Hoy, la ampliación del Estado no solo se manifiesta en su aparato jurídico-administrativo, que ya es abundante, sino también en la creciente vigilancia tecnológica, la securitización de la vida cotidiana, las regulaciones para permisos de construcción, inmobiliarios o de infraestructura, la educación de masas, la cuestión de la sanidad, y las políticas globales climáticas o sobre sostenibilidad, entre muchas otras. Durante los últimos años, en particular, se ha visto el crecimiento de medidas, políticas, normas, regulaciones y mecanismos estatales que amplían su radio de acción y se aproxima cada vez más hacia los espacios privados e íntimos de los individuos. Este fenómeno evidencia el desenvolvimiento del Estado que, lejos de ser un simple moderador o servidor, puede transformarse en un agente que limita libertades o aplaca la autonomía de la comunidad bajo justificaciones variadas y complejas, reproduciendo la paradoja señalada por Freund hace más de cuarenta años: las ideologías que prometían limitar el poder estatal han terminado por fortalecerlo, a menudo en formas opacas y contradictorias. Además, la crisis de legitimidad que atraviesan muchas constituciones y estructuras formales hoy se agrava con la desconfianza ciudadana y la percepción de incumplimiento de derechos fundamentales. Es por todo lo anterior, que la expansión estatal debe analizarse no solo como un hecho que refiere a un crecimiento cuantitativo de su actuación, sino como un problema político, puesto que se trata de un proceso en suspenso que desvanece las fronteras de lo estatal, haciendo disipar los límites entre protección y opresión, entre lo público y lo privado, entre sociedad y Estado, cuestiones medulares en la ciencia política, acaso sus fundamentos. Esta situación plantea un desafío crucial para el estudio político actual: reflexionar acerca de la reconfiguración del Estado con el propósito de restaurar su función moderadora principal sin caer ni en el autoritarismo ni en el control social excesivo.

Ahora bien, y de acuerdo con lo señalado, en este trabajo se realiza un repaso de algunas de las principales tesis o explicaciones que respaldan este hecho de la “expansión estatal” como problema político, a partir de las constataciones realizadas, y que configura uno de los factores esenciales que circundan la idea, más general y ampliamente estudiada de la noción de “crisis del Estado”, pieza angular de estudio en plena era moderna. Es decir, esta noción de crisis, en tanto sea plausible de demostrar, es acompañada y agravada por el fenómeno político inherente de su expansión. Para cumplir con aquello, este trabajo combina el análisis de fuentes primarias de autores representativos de la filosofía clásica y contemporánea junto con fuentes secundarias, fruto de la revisión bibliográfica sobre este tema. En este sentido, sigue una estrategia de investigación conocida como investigación conceptual, cuyo foco es teórico, pero que también implica una aproximación empírica, cuyo aporte está en la selección y presentación de ideas respaldadas en la literatura científica especializada y que le confiere un sello de actualidad y solidez. Con todo, se realiza una investigación documental, argumentativa y conceptual que implicó, principalmente, la identificación y análisis de fuentes primarias y secundarias sobre la filosofía del Estado; a partir de ello, se desarrolla una entrega argumental mediante cinco elementos conceptuales o subcapítulos surgidos del análisis, desarrollados en constante referencia las fuentes de información elegidas.

 

 

Patologías y transformaciones de la burocracia estatal

 

 

Desde el plano de la ciencia política este diagnóstico de desvarío estatal presume una serie de factores que le han hecho distraerse de su función esencial. El concepto de burocracia, enraizado en el tipo ideal weberiano, sigue siendo relevante en los estudios sociológicos y organizacionales a pesar de su imagen pública negativa (Ferreira & Serpa, 2019). Cabe recordar que para Weber (2006) este proceso expresaba una ambivalencia difícil de sortear, pues la burocracia consistía, en su palabras, en una forma de organización racional y eficiente, basada en principios impersonales y técnicos, lo que de modo evidente aseguraba previsibilidad y la sujeción a la administración estatal, sin embargo, aquella manifestación era inseparable de sus disfunciones como la rigidez, su carácter mecanicista, la lentitud de sus procesos internos, incluso su deshumanización y la posible formación de una “élite administrativa” alejada de las necesidades reales o de los deseos concretos de los ciudadanos. De hecho, esta burocratización se cimentaba en un proceso de racionalización creciente, indefinido e infalible de todos los aspectos de la vida (Weber, 2006). Siguiendo esta tradición weberiana, se puede comprobar la presencia de patologías en la cuestión estatal respecto de su extensión, tales como ineficiencia, inflexibilidad y la tendencia de la administración a convertirse en un fin en sí mismo (Kondratiev, 2022). Es más, este mismo autor indicó que, en algunos casos, en Rusia, por ejemplo, el aparato administrativo del Estado a veces ha debido retroceder, puesto que se vuelve costoso, ineficiente y significa una carga para la sociedad.

En otra parte se ha argumentado que el crecimiento explosivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones no solo ha permitido la post-burocratización sino también la intensificación burocrática (McSweeney, 2017). A fin de cuentas, el crecimiento del Estado se debe a múltiples factores, como la provisión de bienes públicos, la ilusión fiscal, la redistribución de ingresos, la influencia de grupos de presión y la burocracia gubernamental (Mueller, 1987). Para algunos, el Estado burocrático no consiste tan solo en un proceso que corre en un único sentido, sino que implica un conjunto de prácticas contradictorias que a menudo actúan contra sí mismas (Suaza Estrada & Martínez Márquez, 2016). Esto reafirma la crisis del modelo estatal de posguerra que ha sido ampliamente estudiado desde los años 70, momento en el cual se llevaron a cabo propuestas neoliberales de reducción estatal, posteriormente reemplazadas por la búsqueda de un Estado fuerte o benefactor capaz de garantizar derechos sociales y competitividad internacional, cuestión coincidente también con la “nueva gestión pública” o con la irrupción de elementos privatizadores o empresariales en la gestión estatal (CLAD, 2015), facilitando la ambivalencia y la borrosidad entre los ámbitos públicos y privados en las sociedades occidentales. No obstante, más allá de la lógica de la burocratización y de la administración de los asuntos públicos, el foco de este artículo está en la lógica política detrás de la expansión estatal, que, a fin de cuentas, dirige el proceso de la administración.

 

 

La expansión estatal y sus efectos

 

 

El Estado, en su afán de estructurar la sociedad, de regirla o de encausarla, puede crear una burocracia desbordada que, al crecer sin control o de modo imprudente, se vuelve ineficiente, despersonalizada y costosa. Este desbordamiento burocrático del Estado es un tema sustancialmente político, porque no solo surge de la combinación de sobrecarga de tareas públicas, de la falta de recursos, de estructuras jerárquicas y de coordinación deficiente, también surge porque existen líderes y jefes de lo estatal que permiten este desbocamiento e imprudencia, o que lo autorizan y avalan a ciencia cierta. De hecho, y aunque suene contradictorio, la expansión estatal limita la capacidad estatal para implementar políticas y resolver problemas sociales, ya que su norte ha perdido relevancia y se ha alejado de las cuestiones esenciales propias de la comunidad política organizada a la cual se debe y desde donde surge. Un volumen creciente de literatura académica comparte este desdén por la burocracia y su problema de naturaleza política. Un solo ejemplo de esta deriva: para Humes (2021) las burocracias son, por su propia naturaleza, anti educativas o un obstáculo para la labor pedagógica, ya que atentan contra la conciencia ética, causan daños psicológicos en los estudiantes, y generan demandas administrativas excesivas y no deseadas que subvierten los objetivos institucionales.

La expansión estatal, como problema político y según las características antes expuestas, ha sido un proceso histórico en el cual el Estado ha aumentado su presencia y funciones en la sociedad, transformándose en algo más que un mero aparato jurídico-administrativo que busca organizar, administrar y proteger a la población. Según Freund (1982; 2017), aunque el Estado surge inicialmente como un tercero, moderador u ordenador en la historia de la humanidad, en el origen de los tiempos modernos, su papel se ha ido ampliando al correr de las décadas, llegando a convertirse en algunas naciones en una máquina de opresión y agresión, en particular, a raíz de las ideologías revolucionarias o doctrinas fanáticas que, en teoría, pretendían limitar su poder, pero que en la práctica lo reforzaron y lo convirtieron en un aparato al servicio de la casta dominante o incluso en un ente de índole policial, dedicado a la restricción de la vida de las personas. Este autor francés le llamó a este problema político “estatismo”, es decir, “la doctrina que renuncia a considerar al Estado como un medio para transformarlo en un fin, al cual se subordinan imperativamente todas las demás actividades humanas” (Freund, 1982, p. 20). De hecho, en un texto anterior y esencial para el estudio de su obra, La esencia de lo Político (1968), distinguió el dilema de la “administración” que pertenece a la esfera de lo público frente al ámbito esencialmente “político”. Dos ejes en tensión, cuyo resultado puede ser el conflicto que surge de la mano de la extensión de la burocracia, de nuevos servicios técnicos y, en sus palabras, de “nuevos estatismos” (Freund, 1968, p. 404).

Este proceso ha llevado a que el Estado instituya constituciones y estructuras formales que, en la práctica, no se cumplen, generando crisis mayores. Freund señaló que la tendencia de los Estados a ampliarse funcionalmente ha sido un signo de la racionalización moderna, en similares términos a los escogidos por Weber, pero que ha implicado irregularidades y desviaciones respecto a sus funciones iniciales y más esenciales. La expansión estatal, por tanto, es vista no solo como un crecimiento estructural y funcional, algo que para algunos analistas puede ser visto con beneplácito o con satisfacción, en el fondo, también tiene efectos colaterales dañinos o perturbadores, los cuales repercuten al ser comprendidos como elementos que alejan al Estado de su carácter servicial y moderador. Teóricamente separado del ser humano, estando a su servicio y actuando en su beneficio, no en su contra ni sometiéndolo a su extremo poder, que, de hecho, lo posee en virtud de su principio de soberanía (Bodino, 2006). Esta perversión de su esencia favorece el surgimiento de aspectos autoritarios y de medidas de control social al interior de las sociedades.

Por cierto, enlazado con este argumento, el sociólogo y escritor Raymond Aron también cuestionó la expansión del rol del Estado más allá de sus funciones esenciales, especialmente en el contexto de las sociedades democráticas, estudiadas por él en pleno siglo veinte. En su célebre Democracia y Revolución (1999) se detuvo a analizar la creciente influencia de los “grupos de interés” (que de hecho intentan capturar al Estado para sí) y los esfuerzos del Estado por gestionar los resultados económicos, como controlar precios o mitigar el desempleo, en los países democráticos de occidente, abordando estas preocupaciones incluso en textos posteriores. Este autor observó la expansión como una forma de corrupción que es capaz de conducir a un Estado poderoso a debilitarse y enredarse en torno a sus labores, abrumado por sus propias responsabilidades y carente de autoridad, tensionando áreas, como la educación o la industria, por ejemplo, más adecuadas para otras instituciones, traicionando así su propósito original de proteger las libertades individuales. Punto esencial en toda la trayectoria académica de Aron, quien, como vivo representante de un liberalismo prudente y moderado, supo denunciar el auge de los totalitarismos, donde la cuestión de la expansión estatal se hacía de suyo evidente. Esta acumulación de poder, según este sociólogo francés, mediante la burocracia y mediante la atribución de funciones privadas en manos de actores públicos, termina sirviendo a intereses particulares o ideológicos, en desmedro del bien común.

 

 

Desmesura estatal como problema político

 

 

Las observaciones de Aron sobre la creciente influencia de los grupos de interés y los intentos del Estado por gestionar asuntos ajenos a su competencia estricta, también los expuso, aunque de un modo diferente y sometido a otro gran tema: las relaciones internacionales, en el texto Paz y guerra entre las naciones (1985). En este texto, fundamental en toda su obra, reconoce la necesidad del Estado para garantizar orden y libertad, como mandatos básicos de su función, no obstante, también alertó sobre la tendencia existente de falsear su vocación originaria al extender su control, desproporcionadamente, sobre la comunidad política. Señaló que los Estados modernos, incluso democráticos, acumulan poder mediante sus burocracias que terminan sirviendo a intereses particulares, señalando un fenómeno vinculado al auge de ideologías que confiaban ciegamente, por ejemplo, en la planificación estatal. No es casual su denuncia, entonces, respecto de los proyectos revolucionarios o totalitarios, ya que siempre se sintió heredero de la comprensión trágica de la condición histórica del hombre, en un sentido weberiano, y, por tanto, devoto de un sentido de mesura, distancia y buen juicio para observar los asuntos públicos.

Respecto de proyectos revolucionarios o totalitarios, Latinoamérica es un ejemplo ilustre, y todavía más cuando se refiere a su variación en estatismo, ocurrida bajo un régimen democrático o seudodemocrático. En efecto, varios jefes de Estado han utilizado el aparato estatal para consolidar un poder casi absoluto, erosionando la separación entre lo público y lo privado y transformándolo en un instrumento de dominación social, cuando no para mero enriquecimiento personal. Esta dinámica autoritaria, hoy muy visible en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, y que tuvo en el pasado a Bolivia (2006-2019), México (bajo la hegemonía del PRI) y Perú (1990-2000), por señalar solo algunos casos que representan claras versiones de estatismo, ocurren en nombre de diversos credos o de sustentos particulares. Tienen en común, en el fondo, ciertas características como la manipulación de las instituciones, el nombramiento de persones afines en distintos estamentos estatales para apoyar sus labores de coacción, la restricción de las libertades individuales y la represión de la oposición, agravando los conflictos sociales y aplacando el disenso. Así, en todos estos casos históricos, se cumple lo que indica la teoría: el Estado deja de ser un moderador para convertirse en un agente hegemónico que controla y limita a los individuos.

Para el sociólogo y jurista español Salvador Giner (2004) la expansión estatal, como elemento político, se refiere al proceso mediante el cual el Estado ha ampliado su alcance y funciones en la vida social y, sobre todo, económica, atosigando a la sociedad civil con ese desenfreno. Este fenómeno ha resultado en una metamorfosis del poder público, transformándose el Estado en un artefacto “benefactor, empresarial y asistencial” (2004, p. 137). Realmente, la penetración estatal en diversas esferas, como sanidad, educación, armamentos, información, inversiones, ha llegado a modificar significativamente la relación entre Estado y sociedad. Anteriormente, el Estado protegía los intereses de las clases dominantes y abandonaba a las clases más vulnerables, según visiones marxistas o postmarxistas de lo estatal, pero luego, y siguiendo esta misma lógica, con la expansión estatal, se administra y “protege” a todos los individuos por igual, asumiendo roles que antes les correspondían a los actores privados. Sin embargo, este proceso también ha dificultado la fluidez y la libertad original de la sociedad civil, dado que las redes de dependencias y las asociaciones amparadas en lo estatal crean dependencias mutuas que limitan la autonomía social (Giner, 2004).

Ahora bien, ¿por qué esto es un problema político? Básicamente por tres razones. Porque altera y transforma la relación entre Estado y sociedad, porque consolida un poder excesivo que limita el disenso, la pluralidad y la participación libre de los ciudadanos; y porque el aparato estatal se pone al servicio de las élites dominantes circunstanciales, con tendencia a su perpetuación. Asimismo, estas secuelas no solo se hacen visibles en los proyectos revolucionarios o en gobiernos totalitarios o en el estatismo predominante en algunos países, también radican en las democracias consolidadas, tal como lo señalaron Giner, Aron o Freund. Basta recordar que las restricciones y el amplio control en el espacio público y, en gran medida, doméstico durante la pandemia por covid-19, a nivel mundial, lo que produjo una emergencia sanitaria declarada estatalmente, y en que los gobiernos occidentales de turno impusieron confinamientos obligatorios, toques de queda y limitaciones a las reuniones en domicilios y en espacios cerrados. Estas medidas, aunque justificadas por razones de salud pública, representaron una intervención directa en la vida íntima y cotidiana de las personas, restringiendo su libertad de movimiento y de reunión. Más recientemente, hay variadas estrategias políticas destinadas a dotar de mayores regulaciones al uso de internet y redes sociales. De hecho, en varios países ya se han establecido leyes y mecanismos para monitorear y, en algunos casos, limitar la libertad de reunión y asociación en el espacio digital. Esto incluye la vigilancia de redes sociales, la recopilación de datos sobre actividades en línea y la imposición de restricciones, afectando derechos fundamentales en ámbitos tradicionalmente privados. Por otra parte, en la actualidad está en debate el establecer políticas y normas en contra de los “discursos de odio”, lo que afectaría, a priori, la libertad de opinión y expresión, entre muchos otros aspectos. Desde el ámbito de la seguridad pública, se está en un proceso veloz de implementación de tecnologías de reconocimiento facial y videovigilancia en espacios públicos y “semiprivados”. Esto es así porque incluso con el beneplácito de las mismas personas o colectivos, y frente a una inseguridad permanente y violencia cada vez más radical, las personas han exigido y aceptado mayores restricciones personales con el fin de garantizar la seguridad de la vida cotidiana. De este modo, se conceden espacios para el uso creciente de cámaras de videovigilancia, sistemas de reconocimiento biométrico, de alarmas, elementos de protección mediante guardaespaldas, guardias para eventos, nocheros, conserjes, circuitos cerrados de televisión, vigilancia constante en ciudades y en espacios catalogados como híbridos, es de cir, en donde es difícil distinguir su rol público o privado, alertando así un vacío de regulación. En este plano, el Estado ha sido deficiente en despejar dudas sobre el surgimiento de espacios grises, mixtos o híbridos, o lugares que si bien son privados son en términos concretos de uso público, como centros comerciales, teatros, estadios. En fin, todos estos ejemplos universales demuestran una preocupación razonable respecto de la invasión de la privacidad, ya que estos sistemas pueden identificar y rastrear a individuos incluso en espacios que tradicionalmente se consideraban privados o semiprivados, como lugares de trabajo.

En definitiva, se pone de relevancia, conforme a los casos señalados, el problema de la confusión entre lo público y lo privado, condición que permite el surgimiento del “Estado tentacular”, que, como advierte Freund ocurre: “por el hecho de inmiscuirse en las otras actividades humanas, el Estado se debilita a sí mismo (…) se halla trastocado cuando ya no hay costumbres, sino demasiadas leyes, porque interviene artificialmente en la regulación social” (1982, p. 12). Esta separación -público versus privado- es esencial para evitar que lo político domine totalmente la vida humana, de la mano del Estado, dicho sea de paso, pues la existencia humana exige inevitablemente una división entre ambas esferas. Para este sociólogo francés, la utopía marxista al proponer una fusión total de estos ámbitos incurría en un error superlativo, a todas luces irrealizable, ya que ambas esferas mantienen naturalezas irreductibles.

 

 

La vocación originaria estatal frente a la fusión Estado-Sociedad

 

 

Francisco Javier Conde, en un notable escrito de 1942, distinguió claramente entre “Estado” y “Sociedad”, con el fin de dar cuenta del problema del Estado totalitario en pleno siglo veinte. Este catedrático y filósofo español señaló que “la Sociedad es aquella esfera negativa en que el Estado, por definición, no interviene, lo que no es el Estado. Frente a esa esfera -economía, religión, cultura-, el Estado adopta una actitud neutral, respeta sus fueros” (Conde, 1974, p. 397). A partir de lo anterior, se comprende que el Estado liberal moderno se funda aceptando una separación rígida entre ambos ámbitos: por un lado, el Estado (como artificio político neutral) y, por otro, la Sociedad (ámbito autónomo de expresión de la vida íntima y personal). Este equilibrio, no siempre tan evidente en la historia, es sostenido por distintos mecanismos y dispositivos que permiten el acomodo del Estado a un rol supletorio, restringido legalmente en sus intervenciones económicas o familiares o definida previamente su neutralidad jurídica. Cuestión que se fractura cuando el Parlamento, en teoría fiel representante societal, acumula poder excesivo, convirtiendo al Estado en un mero instrumento legalista al servicio de intereses sociales particulares. Esta hipertrofia legislativa diagnosticada por Conde, que en términos del jurista Carl Schmitt (1971) es el “Estado legislador” (legislación omnipresente que invade lo social), disuelve la distinción teórica de Estado-Sociedad: lo social se politiza al extremo y el Estado, lejos de ser un árbitro o conducirse como un tercero neutral, se fusiona con la sociedad, absorbiendo todas sus posibles esferas bajo su control, como ya ha dicho Conde y otros autores: economía, cultura, educación, moral, religión, artes. Este proceso, inherente a la lógica liberal de minimizar el Estado para maximizar la autonomía social, culmina paradójicamente en el Estado totalitario, donde el punto cúlmine es que no hay espacio “no estatal”. La crítica aquí, a partir de una lectura atenta de Conde, Schmitt o Freund, es que el liberalismo, al vaciar de sustancia política al Estado, reduciéndolo a administrador técnico, traslada el centro del poder político, lo hace vulnerable a ser colonizado y apropiado por fuerzas sociales particularistas que, al politizarlo todo, sobrevalorando ya sea la ley o la administración, anulan su capacidad de mediación, generando una nueva forma de dominación.

Pues bien, más allá de este desequilibrio entre sociedad y Estado, propio de la expansión estatal característica de los tiempos modernos, Freund (2017) señaló que la función específica que debe desempeñar el Estado es ejercer su poder únicamente con fines políticos, es decir, utilizar su autoridad en función de la responsabilidad y el servicio público en el ámbito de lo político. Molina Cano (2009), ha señalado, respecto de su estudio sobre Freund, que la función del Estado en el ejercicio del poder está subordinada a fines políticos: aquellos que norman y ordenan la convivencia social y la acción política (solo esta entidad puede definir las reglas del juego en la política). En otro texto, Freund indicó que el Estado es una entidad política organizada (un aparato jurídico y administrativo), soberana en su territorio y cuyo ejercicio del poder está regulado por un marco jurídico que busca garantizar la paz social y el orden interno (Freund, 1982). Es una manera lúcida de explicar el rol originario que le cabe a la función estatal: debe limitarse a su rol político de organizar el orden, proveer la seguridad interna y conservar la seguridad externa. En sus palabras: “El concepto de Estado, como el de ciudad o tribu, supone conceptualmente la voluntad de independencia de una unidad política y la necesidad ineludible de un poder encargado de mantener su integridad” (Freund, 2017, p. 41).

El problema radica en que esta idea original, con el paso del tiempo, fue sustituida por la preminencia de un Estado que intenta gestionar y regular aspectos que no le corresponden; en palabras de Freund, incluso la felicidad o la organización social en general; en términos de Aron, la economía y la industria, forzado por los grupos de presión; según Conde, diluyendo la separación entre Estado y Sociedad; y según Giner, penetrando en aspectos como la información, la educación o la sanidad. En fin, al incursionar en todas estas variantes sociales, confundiendo su verdadera función, traiciona así su finalidad original y queda convertido en un ente que, en lugar de moderar, multiplica el control y la intervención, promoviendo su propia desestabilización.

 

 

Función política, soberanía y seguridad

 

 

Actualmente, diversos gobiernos del Estado han impulsado estrategias doctrinales pedagógicas o mediante la fuerza estatal encauzan la educación de niños y adolescentes, siguiendo incluso orientaciones internacionales y ordenando a los sistemas educativos implementar una agenda ideológica particular (Agreda Sigindioy, 2024). Por el contrario, la filosofía del Estado ha señalado desde sus orígenes que aspectos como la educación de los hijos corresponde, por derecho natural (lex naturalis), a los padres (Locke, 1980). Asimismo, el Estado no puede entrometerse en el ser íntimo de las personas ni en las asociaciones secundarias que persiguen fines privados, ni tampoco inmiscuirse en la dimensión cultural o religiosa, ya sea censurando o coartando la libertad de ejercicio de la fe, o privilegiando una posición agnóstica, por ejemplo, por sobre otras consideraciones espirituales. Ejemplos actuales, de hecho, incluyen al régimen autoritario de Nicaragua, que mantiene durante años una persecución constante contra fieles católicos y la institucionalidad de la Iglesia en ese país (Camacho Hurtado, 2024). En Venezuela, en tanto, se promovió una agenda educativa radical alineada con los valores de un proyecto político presidencial (Griffiths, 2013). Frente a esta realidad, es oportuno recordar que la filosofía clásica sostiene que el papel del Estado es complementario y supletorio frente a esos aspectos esenciales de la vida humana (Conde, 1974; Aron 1999; Freund, 1982, 2017; Giner, 2004).

De igual manera, y sobre la base de los estudios políticos de Freund (Molina Cano, 2009; Lagos Flores, 2024), se ha señalado que el Estado, en su afán de racionalizar y estructurar la sociedad, llevó a que su burocracia y organización se desbordaran. En lugar de actuar como un agente que garantice a su pueblo un futuro positivo y un destino común, la burocracia estatal -ya convertida en un fin en sí misma- se extravió de ese fin común positivo, mutando en un dispositivo ineficaz, inflexible, irracional, que entorpece el proceso de toma de decisiones políticas: “El Estado se ha transformado de moderador en agresor de los ciudadanos” (Freund, 1982, p. 24), descuidando los asuntos que le son propios.

Como síntoma indeleble de esta expansión estatal que he tratado aquí, Aron indicó que es posible frenar la corrupción de lo estatal cuando existe sistemáticamente una: “contra-acción, una acción de conjunto que tienda a mantener lo más posible la vitalidad del sentido de comunidad nacional. Esta acción de mantener vivo el espíritu de comunidad nacional frente a las pasiones partidistas no está de condenada al fracaso” (1985, p. 126). Esto implica que la lucha contra la corrupción no puede ser esporádica o reactiva, sino que requiere mecanismos institucionales y culturales sostenidos, pero también, y más importante que aquello, debe ajustar cuentas con este problema público en tanto referencia directa a la polarización ideológica o a la lealtad acrítica de los partidos políticos, tal como se vivencia en los tiempos actuales. Puesto que facciones, camarillas, grupos y colectivos anteponen sus agendas propias y egoístas frente al interés general. En este sentido, Aron revela que la virtud cívica, es decir, la posibilidad de generar ciudadanos activos que antepongan el bien público al privado son capaces de ayudar a revertir esta desmesura e irracionalidad. Cuestión que tiene implicancia para la expansión del Estado, ya que es un mecanismo de contención del extremo poder estatal, haciendo consciente que la soberanía está radicada en el pueblo (no en el gobernante) y que desde ese nicho basal se dirige hacia el aparato estatal, como ente artificial creado para el fin directivo (Bodino, 2006; Conde, 1974).

Siguiendo las consideraciones anteriores, si el fondo común propio del Estado es su rol político, orientado al orden público, la concordia interior y la seguridad ante amenazas externas, pues hay dos elementos que lo definen a cabalidad. Por un lado, una característica clave en toda la teoría política sobre lo estatal es el monopolio de la violencia legítima que éste posee (Weber, 2006; Freund, 1968). En efecto, este monopolio se considera legítimo por cuanto el Estado tiene el derecho exclusivo de ejercer la violencia dentro de sus fronteras para mantener el orden y la seguridad, anulando cualquier posibilidad de violencia privada. Por otro lado, detenta un principio de territorialidad, aparejado a lo anterior, ya que una organización estatal es territorial y es precisa, mediante el establecimiento de fronteras claras que definen su soberanía. Esto implica la noción de territorium clausum, ya que el Estado es visto como un ente que controla un área geográfica específica, denominado integridad de territorio. Ahora bien, sobre la base de estos dos principios, una de las mayores falencias de los Estados actuales, principalmente en Latinoamérica y en materia geopolítica, es su debilidad para enfrentar amenazas a la seguridad, justamente el centro de su rol político: la integridad y supervivencia.

Este principio se erosiona ante el ascenso de actores no estatales, -narcotraficantes, crimen organizado transnacional, paramilitares, rondas campesinas de autodefensa, milicias, disidencias guerrilleras-, que disputan con éste el control territorial y político. Esta situación cuestiona la soberanía y expone la incapacidad institucional para garantizar el orden. La seguridad, entonces, no solo es un problema operativo o tema público, junto con los demás, sino también normativo y político, por tanto, ostenta una preminencia superior. Esto es relevante en tiempos actuales ya que en distintas naciones los jefes de Estado han, en la práctica, ejercido funciones de gobierno en torno a la criminalidad organizada, la insurgencia, el terrorismo; administrando la violencia e intentando evitar el alza en los homicidios al punto de interactuar y negociar con actores armados no estatales, tratando de desactivar la violencia letal (Rodríguez, 2016; Morillo Quiroz, 2023; Ríos Sierra, 2024; Jasso González & Baltazar Landeros, 2025). Para algunos, estos hechos pueden significar un empeño genuino por solucionar estos graves problemas, o el resultado de una simple estrategia pragmática, sin embargo, razonando atentamente, este tipo de gestión evidencia la erosión de la soberanía estatal. Al administrar la violencia mediante acuerdos tácitos o explícitos (como treguas con narcotraficantes, diálogos con insurgencias o tolerancia hacia milicias o rondas campesinas armadas), que son a fin de cuentas actores ilegítimos, el Estado renuncia a su rol de único garante del orden y, en cambio, institucionaliza y perpetúa una gobernanza híbrida que diluye su autoridad. En el fondo, el Estado abdica de su vocación originaria al transigir y negociar con entidades que, dicho en simple, niegan su existencia. Esta abdicación no solo acepta la existencia de actores políticos armados, legitimándolos, también socava su propia razón de ser. La debilidad estatal lo obliga a pactar, pero esos pactos profundizan su fragilidad. La seguridad, entonces, no se construye sobre la ley o la justicia, como establecen los principios de soberanía y de monopolio de la fuerza, para pervivir de la mano de una frágil economía de violencia administrada.

 

 

Consideraciones finales

 

 

Freund (2017) señaló que la política es una actividad humana con un fin propio, que debe armonizar y relacionarse, cabe destacar, con los ámbitos de la economía, ciencia, arte, moral y religión. Este polemólogo francés indicó que no es posible sacrificar libertad, igualdad, justicia o felicidad, porque todo ello es posible de desarrollarse en concordia y seguridad según las preferencias de las personas, alejados de cualquier intervención. Recalcó, así, la armonía interna y la seguridad como conceptos ancla de la cuestión estatal-política. Como se ha dicho con antelación, el rol del Estado es complementario frente a los aspectos no políticos, esenciales en toda la vida humana.

No obstante, y más allá de ese delicado equilibrio, cabe destacar que en la actualidad existen algunas corrientes teóricas, popularizadas en la región, y que se aplican en la práctica política de algunos países inspirados en una perspectiva radical y opuesta al fondo del asunto tratado en este trabajo. Estas versan en torno a la idea de la reducción del Estado. Es decir, corrientes que abogan por la contracción drástica o minimización del Estado en la sociedad, como el minarquismo (Nozick, 1988), o su eliminación completa, como el anarcoliberalismo (Hoppe, 2013). Estos enfoques presuponen que el libre mercado, mediante la acción individual y la competencia, resuelven eficientemente los problemas sociales y económicos, sin intervención estatal, dándole vía libre al mercado. Es el reverso de la expansión estatal como problema político, pero que, dentro de la matriz teórica expuesta, representa un camino simplista e inconducente. De hecho, estas visiones olvidan las complejidades inherentes a la vida política y social, la tendencia del poder a concentrarse, el rol perjudicial que pueden adquirir los agentes privados convertidos en monopolios y las dificultades para la provisión de bienes públicos en mercados liberalizados al extremo. Como también el fondo deshumanizante, individualista que poseen, y que le quita, todavía más, soberanía y proyecto común al Estado.

Esta perspectiva tiene una ontología individual que reduce lo político a un contrato instrumental, olvidando cuestiones elementales, como la privatización de la soberanía o la entrega de poder a corporaciones o actores informales, a contracorriente de gran parte de la tradición teórica expuesta. Frente a lo señalado, Schmitt (2004) alertó que la despolitización liberal, al reducir al Estado a un gestor técnico, o sea, tecnificado como aparato desprovisto de todo fin, lo debilita frente a emergencias existenciales, hoy en día habituales, como la amenaza del crimen organizado transfronterizo, donde su monopolio de la violencia es insustituible. Frente a este dilema Freund (1982) recordaría que el Estado, como ordenador político, es irreemplazable: su ausencia no genera libertad, sino nuevos despotismos.

Para finalizar, es menester recordar que una dimensión del ser humano, de suyo importante, se encuentra vinculada y comprometida con el Estado: lo público y común. Sin embargo, existe otra esfera, esencialmente privada, íntima e inviolable, que permanece resguardada y debe seguir estándolo así, frente a la injerencia estatal y constituye el núcleo irreductible de la autonomía individual. El Estado se funda y justifica únicamente en la medida en que desempeña su función auténtica, sin corromperla, desviándose hacia intereses particulares. Al actuar al servicio de aquellos, pues traiciona su esencia arquetípica.

 

Agradecimientos

A mi casa de estudio.

 

Conflicto de intereses

No se reporta conflicto de intereses.

 

Referencias

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