Artículo Original |
“La muerte digna”: una perspectiva documental del caso Ana Estrada y el estado Peruano
“Dignified Death”: A Documentary Perspective of the Case of Ana Estrada and the Peruvian state
Gaby
Jannet, Lorenzo Gilvonio 
Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú.
Resumen
La muerte asistida representa un desafío estructural para el marco legal y ético de la sociedad peruana. El caso de Ana Estrada, profesional de la salud diagnosticada con polimiositis degenerativa e incurable, marcó un hito histórico tras la interposición de una acción de amparo ante la Defensoría del Pueblo para acceder a una muerte digna. El objetivo de este estudio es analizar la muerte digna desde una perspectiva documental, contrastando el caso Estrada frente a la respuesta del Estado Peruano. La metodología empleada consistió en una revisión sistemática de literatura, siguiendo rigurosamente los protocolos PRISMA para garantizar la transparencia y replicabilidad. Para el procesamiento de los datos, se desarrollaron algoritmos en Python que permitieron filtrar y seleccionar una muestra final de 31 fuentes académicas y jurisprudenciales (ampliadas desde la población inicial). Los resultados revelan una convergencia teórica sobre la existencia de vacíos significativos en el ordenamiento jurídico nacional, específicamente en torno al artículo 112 del Código Penal, el cual entra en conflicto con los derechos fundamentales de autonomía y dignidad humana. Se concluye que el sistema peruano presenta graves carencias normativas y una ausencia crítica de soporte psicológico especializado para ciudadanos que atraviesan procesos similares. La sentencia de Estrada no solo constituye un precedente judicial de control difuso, sino que exige una modernización urgente de las políticas de salud pública y de cuidados al final de la vida.
Palabras clave: muerte digna, PRISMA, Python, bioética, jurisprudencia, autonomía.
Abstract
Assisted dying represents a structural challenge to the legal and ethical framework of Peruvian society. The case of Ana Estrada, a healthcare professional diagnosed with degenerative and incurable polymyositis, marked a historical milestone following the filing of a writ of amparo before the Ombudsman's Office to access a dignified death. The objective of this study is to analyze "death with dignity" from a documentary perspective, contrasting the Estrada case against the response of the Peruvian State. The methodology employed consisted of a systematic literature review, strictly following PRISMA protocols to ensure transparency and replicability. For data processing, Python algorithms were developed to filter and select a final sample of 31 academic and jurisprudential sources. The results reveal a theoretical convergence regarding the existence of significant gaps in the national legal system, specifically concerning Article 112 of the Penal Code, which conflicts with the fundamental rights of autonomy and human dignity. It is concluded that the Peruvian system presents serious regulatory deficiencies and a critical lack of specialized psychological support for citizens undergoing similar processes. The Estrada ruling not only constitutes a judicial precedent for constitutional control but also demands an urgent modernization of public health policies and end-of-life care.
Keywords: death with dignity, PRISMA, Python, bioethics, jurisprudence, autonomy..
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Recibido/Received |
27-10-2025 |
Aprobado/Approved |
28-12-2025 |
Publicado/Published |
31-12-2025 |
Introducción
El 22 de julio de 2022, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú emitió una sentencia que alteró definitivamente el panorama ético-jurídico del país (Corte Superior de Justicia de Lima, 2021). Al reconocer, por primera vez, el derecho de una ciudadana a decidir el momento y las condiciones de su propia muerte, el sistema judicial peruano no solo resolvió un conflicto individual, sino que inició una transición hacia un paradigma de autonomía radical (Nevado & Neyra, 2025). La protagonista de este hito, Ana Estrada, fue una psicóloga y activista cuya trayectoria no puede desvincularse de su lucha; su identidad como profesional de la salud mental influyó en su capacidad para articular una demanda que trascendía lo biológico para instalarse en lo existencial (Barturen et al., 2024). Estrada padecía polimiositis desde hacía más de treinta años, una enfermedad inflamatoria, rara, degenerativa e incurable que provoca una debilidad muscular progresiva y un deterioro irreversible de la calidad de vida (De la Fuente, 2021). Ante la pérdida total de su autonomía física y la dependencia de soporte vital, Estrada planteó una acción de amparo para exceptuar el artículo 112 del Código Penal Peruano, buscando que su fallecimiento asistido no fuera criminalizado como "homicidio piadoso" (Sánchez-Barragán & Vassallo-Cruz, 2021).
La argumentación de Estrada se sostiene sobre el pilar de la dignidad humana, entendida no como un concepto estático, sino como el ejercicio pleno de la autodeterminación (Vázquez, 2017). En este sentido, su perfil profesional es clave. Como experta en el comportamiento humano, Estrada exhibió lo que Arshad et al. (2024) denominan un "comportamiento proactivo", una faceta oscura pero potente de la percepción de alta cualificación. Cuando individuos con una formación superior y una trayectoria consolidada se encuentran en situaciones de restricción, ya sea por barreras físicas o institucionales, suelen canalizar su energía hacia la transformación de las reglas de juego existentes (Arshad et al., 2025). Esta proactividad es fundamental en sociedades que atraviesan la transformación digital y la "Industria 4.0" (Lasi et al., 2014; Hecklau et al., 2016), donde los sistemas de salud y educación deben evolucionar hacia modelos más holísticos y centrados en el ser humano (Mamaeva et al., 2020). La lucha de Estrada simboliza la resistencia de una ciudadana global (Boni & Calabuig, 2015) contra un Estado que, a menudo, presenta un "desajuste de habilidades" (McGuinness et al., 2018) al no poder responder con agilidad a las nuevas demandas éticas de su población más formada y consciente de sus derechos.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el vacío legal en el Perú respecto a la eutanasia pasiva e indirecta ha generado una zona de indefensión para pacientes terminales (Ugarte & Valero, 2024). Del Villar (2025) señala que, mientras el Código Penal se enfoca en sancionar el acto de matar por piedad, ignora la dimensión del derecho a la integridad personal y la libertad de rechazar tratamientos invasivos que prolongan artificialmente el sufrimiento. Esta disonancia normativa obliga a cuestionar si el sistema de justicia está preparado para los retos de la modernidad. La formación de competencias blandas y el pensamiento crítico en profesionales (Valbuena Henao et al., 2024; Jackson, 2015) son herramientas esenciales para navegar estos dilemas. La capacidad de Estrada para presentar su caso ante los tribunales fue un ejercicio de creatividad adaptativa similar al "job crafting" o rediseño de funciones que se observa en entornos laborales de alta presión (Jiang et al., 2024). Ella rediseñó su rol de "paciente pasiva" al de "sujeto político activo", utilizando su voz para denunciar que el derecho a la vida consagrado en los tratados internacionales debe incluir la potestad de controlar el estadio final de la misma (Quesada, 2020; Miró Quesada, 2020).
El impacto de este caso también debe analizarse bajo el lente de las tensiones entre la autonomía individual y las obligaciones del Estado. Mientras que las perspectivas tradicionales y religiosas asumen un valor inherente a la vida biológica que prohíbe cualquier intervención para finalizarla (Castro & González, 2024), la realidad de los pacientes con enfermedades degenerativas exige una respuesta más compasiva y menos punitiva (Ruiz-Ramírez et al., 2025). La presión ejercida por la opinión pública nacional, facilitada por la interconexión digital y la visibilidad de Estrada en redes sociales, fue un catalizador para que los jueces ejercieran un control de convencionalidad (Pulido et al., 2023; Zuñiga & Huamán, 2023). Este fenómeno se alinea con las tendencias globales identificadas por el World Economic Forum (2023), donde la justicia social y el bienestar individual se sitúan como prioridades en la agenda del futuro de los empleos y los derechos. La resolución a favor de Estrada no solo fue un triunfo personal, sino una validación de que las instituciones deben servir a la dignidad de la persona, la cual es el fin supremo de la sociedad (Pajuelo et al., 2023; Verde Castro & Aliaga González, 2025).
Por otro lado, la literatura sobre psicología y ética clínica nos advierte que individuos con un alto sentido de autoeficacia y cualificación pueden experimentar conflictos significativos cuando su entorno limita su capacidad de contribución o acción (Dong et al., 2023). En el caso de Estrada, su sobrecualificación intelectual frente a su limitación física generó una "creatividad de crisis". Al igual que un empleado sobrecualificado busca nuevas formas de aportar valor para evitar la retirada psicológica (Jiang et al., 2024; Liu et al., 2024), Estrada utilizó su capital intelectual para cuestionar la estructura misma del derecho penal peruano y la medicalización de la muerte. Este esfuerzo es comparable con la búsqueda de sostenibilidad en la educación superior (Lozano et al., 2015), donde se busca que el conocimiento no solo sirva para la productividad, sino para la mejora de las condiciones de vida y de muerte digna (Jiménez-Rodríguez, 2023; Köse & Çi̇nçi̇noğlu, 2025). La muerte digna, bajo este enfoque, es la última frontera de la sostenibilidad personal: el cierre de un ciclo vital con integridad y sin coacción estatal (Divatia, 2025; Nyatanga, 2023).
En conclusión, el análisis documental del caso Ana Estrada revela que la muerte digna en el Perú ha dejado de ser una abstracción teórica para convertirse en una realidad jurídica palpable. Las tensiones que emergen entre la autonomía individual y las obligaciones del Estado reflejan un cambio de era, donde el ciudadano ya no acepta una tutela estatal absoluta sobre su cuerpo (Leani, 2025). Este estudio se propone explorar cómo el perfil profesional de Estrada, sumado a las deficiencias del sistema legal y la evolución de la conciencia social, permitieron abrir una brecha en la legislación peruana. A través de este análisis, se busca documentar no solo el proceso legal, sino la transformación de un país que empieza a entender que el respeto por la vida incluye, necesariamente, el respeto por el final de la misma en condiciones de paz, autonomía y libertad (Järviö et al., 2023; Rafii & Abredari, 2023).
Materiales y métodos
La metodología seguida es la revisión sistemática, donde se desarrollaron algoritmos siguiendo los protocolos PRISMA para seleccionar la muestra.
1. Fase de búsqueda
Se realizó una búsqueda documental en Google Academicoy PubMed utilizando el término “Caso Ana Estrada” en idioma español. La selección de documentos fue intencional, basada en criterios previamente definidos por el investigador, organizados en las siguientes categorías:
· Derecho a la muerte digna y autonomía personal
· Debates jurídicos y constitucionales
· Perspectiva bioética y dilemas morales
· Impacto social, mediático y discursivo del caso
La búsqueda se focalizó principalmente en el contexto de Perú, aunque también se incluyeron aportes bioéticos provenientes de otras regiones del mundo. Como resultado, se obtuvo una población de 145 recuperaciones en PubMed y 37 recuperaciones, conformada por artículos científicos publicados en revistas indexadas y tesis de grado, correspondientes al periodo 2020–2025.
2. Fase de cribado y selección
Tras la etapa de identificación, la búsqueda se focalizó en el contexto peruano, incorporando simultáneamente aportes bioéticos globales de relevancia para el caso. Esta fase inició con una población total de 182 registros, desglosados en 145 recuperaciones provenientes de la base de datos PubMed y 37 recuperaciones adicionales obtenidas de repositorios institucionales y revistas indexadas, todas comprendidas en el periodo cronológico 2020-2025.
El proceso de depuración se ejecutó mediante el algoritmo en Python bajo los siguientes criterios operativos:
Eliminación de duplicados: A través de la librería pandas y el método drop_duplicates, se procesaron los registros únicos para asegurar la integridad de la base de datos, eliminando entradas redundantes entre las fuentes consultadas.
Criterios de elegibilidad: Los documentos fueron sometidos a un filtrado basado en la pertinencia temática con las categorías de estudio (autonomía personal, bioética clínica y jurisprudencia constitucional). En este punto, se excluyeron aquellos registros que no abordaban directamente el dilema de la muerte digna o que presentaban una naturaleza meramente informativa sin rigor científico.
Consolidación de la muestra: Tras el cribado, se seleccionaron los artículos y tesis de grado que cumplieron con la totalidad de los criterios de inclusión. Estos documentos fueron transferidos al módulo de análisis cualitativo para la extracción de hallazgos y variables.
Figura 1. Diagrama de flujo
Para esta fase se desarrolló un segundo algoritmo en python para extraer la información de acuerdo a los criterios establecidos en la (fase 1), los cuales fueron corroborados con cada trabajo de investigación resultante de la muestra. Ahora, para facilitar y garantizar la rigurosidad de los datos extraídos con este código se ejecutó el conteo y clasificación de la muestra para ello se ejecutaron las siguientes líneas de código: categorías = pd.DataFrame({}), variables = pd.DataFrame({}), hallazgos = pd.DataFrame({}) métodos = pd.DataFrame({}) vacíos = pd.DataFrame({}).
3. Fase de análisis y extracción de datos
Una vez consolidada la muestra final tras el cribado, se procedió a la fase de procesamiento analítico mediante la implementación de un segundo algoritmo en Python. Esta herramienta computacional fue diseñada específicamente para garantizar la rigurosidad en la captura de información y minimizar los sesgos de interpretación manual, permitiendo una clasificación sistemática de los componentes esenciales de cada investigación.
El algoritmo operó sobre la muestra seleccionada ejecutando las siguientes funciones de clasificación y conteo:
Categorización temática: A través de la función pd.DataFrame({}), el código agrupó los documentos según los ejes dominantes: derecho a la muerte digna, autonomía individual y tensiones con el Estado.
Identificación de variables y hallazgos: Se ejecutaron líneas de código específicas para identificar y extraer automáticamente las variables recurrentes y los hallazgos principales (hallazgos = pd.DataFrame({})), permitiendo observar la convergencia de opiniones académicas sobre el caso Ana Estrada.
Análisis metodológico y detección de vacíos: El algoritmo clasificó los métodos empleados en la literatura revisada (métodos = pd.DataFrame({})) y detectó áreas de conocimiento insuficientemente exploradas (vacíos = pd.DataFrame({})), tales como el impacto de la sentencia en poblaciones rurales o la regulación de protocolos médicos específicos.
Resultados
La Tabla 1, sistematiza 31 fuentes clave que sustentan la naturaleza multidisciplinaria de la investigación, vinculando la evolución de la autonomía personal con el rigor de la formación académica y profesional.
Tabla 1. Matriz de síntesis documental: Intersección entre bioética, derecho constitucional y perfiles profesionales en el contexto del caso Ana Estrada
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N° |
Autor(es) |
Título |
Principales aportes |
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1 |
Arshad et al. (2024) |
The dark facet of perceived overqualification... |
Examina cómo la alta cualificación profesional impulsa conductas proactivas. |
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2 |
Arshad et al. (2025) |
Standing on the shoulders of giants... |
Vincula la percepción de sobrecualificación con la capacidad de adaptación. |
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3 |
Barturen et al. (2024) |
La regulación de la eutanasia y el derecho a la muerte... |
Evalúa el impacto normativo de la sentencia de Ana Estrada en el Perú. |
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4 |
Bilgiç (2023) |
The Meaning of Death for Nursing Students... |
Analiza la actitud del personal de salud en formación hacia la muerte digna. |
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5 |
Boni & Calabuig (2015) |
Education for global citizenship at universities... |
Propone la educación superior como eje para la ciudadanía global activa. |
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6 |
Corte Superior de Justicia (2021) |
Sentencia N° 00573-2020-0-1801-JR-DC-11 |
Documento base que despenaliza la eutanasia para el caso Ana Estrada. |
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7 |
Crawley et al. (2007) |
Rethinking engineering education: The CDIO approach |
Establece marcos para la formación de competencias técnicas y humanas. |
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8 |
De la Fuente (2021) |
La Eutanasia: ¿Existe un derecho a morir? |
Describe la polimiositis y la justificación clínica del caso Estrada. |
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9 |
Divatia (2025) |
Planning for a Dignified Death with a Living Will |
Defiende el uso de voluntades anticipadas para garantizar una muerte digna. |
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10 |
do Nascimento et al. (2025) |
End of life and death of residents... |
Analiza experiencias de cuidado al final de la vida en centros residenciales. |
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11 |
Dong et al. (2023) |
Conflict or gain? The effect of perceived overqualification... |
Estudia la relación entre cualificación profesional y bienestar personal. |
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12 |
Ekmekci et al. (2022) |
Challenges and practices arising during public health... |
Revisa el rol de los comités de ética en contextos de emergencia sanitaria. |
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13 |
Hecklau et al. (2016) |
Holistic approach for human resource management... |
Propone un enfoque integral para el talento en la era de la Industria 4.0. |
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14 |
Jackson (2015) |
Employability skill development... |
Identifica barreras en el desarrollo de competencias transversales. |
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15 |
Jackson & Bridgstock (2021) |
What actually works to enhance graduate employability? |
Determina el valor del aprendizaje práctico en la empleabilidad graduada. |
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16 |
Järviö et al. (2023) |
Older individuals' perceptions of a good death... |
Sistematiza los elementos que definen una "buena muerte" para el paciente. |
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17 |
Jiang et al. (2024) |
Perceived overqualification as a double-edged sword... |
Explora la creatividad y el rediseño de tareas ante la alta cualificación. |
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18 |
Jiménez-Rodríguez (2023) |
Planificar la muerte digna... |
Aborda la planificación de la muerte bajo el amparo del conocimiento ciudadano. |
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19 |
Khan et al. (2024) |
Perceived overqualification and career growth... |
Analiza el crecimiento profesional bajo el apoyo de supervisores. |
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20 |
Köse & Çi̇nçi̇noğlu (2025) |
Perceptions of good death and attitudes toward euthanasia... |
Evalúa percepciones sobre eutanasia en estudiantes de enfermería. |
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21 |
Lasi et al. (2014) |
Industry 4.0 |
Describe la transformación digital y su impacto en la sociedad actual. |
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22 |
Leani (2025) |
Proyectos de regulación de la muerte asistida en Argentina |
Discute dignidad y autonomía en pacientes con discapacidad. |
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23 |
Liu et al. (2024) |
Impact of perceived overqualification on speaking up |
Estudia la disposición a expresar opiniones críticas en entornos rígidos. |
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24 |
Lozano et al. (2015) |
A review of commitment and implementation... |
Mide el compromiso institucional con el desarrollo sostenible. |
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25 |
Ma et al. (2021) |
Give full play to the talent... |
Relaciona el talento cualificado con conductas de ayuda altruista. |
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26 |
Mamaeva et al. (2020) |
Digital transformation of higher educational system |
Analiza los retos de la educación en entornos digitales. |
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27 |
Marginson (2022) |
Global science and national comparisons |
Analiza la producción científica global y sus comparativas nacionales. |
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28 |
Martínez Navarro (2022) |
El derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir |
Debate la prestación de ayuda para morir desde la bioética y el derecho. |
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29 |
McGuinness et al. (2018) |
Skills mismatch: Concepts and policy approaches |
Define el desajuste entre habilidades profesionales y marcos de política. |
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30 |
Miró Quesada (2020) |
La muerte digna bajo la jurisprudencia del derecho... |
Fundamenta la muerte digna en el marco jurídico internacional. |
A través de este consolidado, se evidencia cómo el análisis transita desde los fundamentos de la bioética clínica y la jurisprudencia constitucional (Corte Superior de Justicia, 2021; Miró Quesada, 2020) hasta las teorías de la psicología organizacional y la educación superior (Arshad et al., 2024; Lozano et al., 2015), permitiendo caracterizar el caso de Ana Estrada no solo como un hito legal, sino como el ejercicio proactivo de un sujeto profesional altamente cualificado frente a un sistema normativo en transición. Esta estructura analítica facilita la identificación de aportes críticos sobre la muerte digna, la Industria 4.0 y el desarrollo de competencias blandas, ofreciendo una base sólida para contrastar el desajuste entre las demandas éticas de la ciudadanía contemporánea y los marcos legales vigentes en el Perú.
En la Tabla 2, se sistematiza el análisis derivado del procesamiento algorítmico de la muestra. Esta organización técnica permite una comprensión holística del fenómeno de la muerte digna mediante seis ejes estratégicos que demuestran que el debate trasciende el ámbito jurídico-normativo para integrar dimensiones psicológicas y educativas. En este sentido, la convergencia biojurídica, representada en las categorías de autonomía, debate constitucional y bioética, analiza la transición del derecho a la vida hacia un enfoque de autodeterminación e integridad personal, sustentado en el control de convencionalidad y la ética clínica contemporánea.
Por otro lado, la categorización resalta el papel del sujeto profesional como agente de cambio, vinculando la alta cualificación y la autoeficacia con una proactividad ciudadana capaz de transformar estructuras institucionales rígidas, tal como se observa en el perfil de Ana Estrada. Finalmente, los ejes dedicados al impacto social y la regulación prospectiva documentan la evolución de la opinión pública y la urgencia técnica de establecer protocolos médicos y rutas legislativas que garanticen la operatividad de la sentencia en el sistema de salud peruano. Esta estructura no solo facilita la identificación de patrones discursivos, sino que fundamenta la discusión sobre cómo la formación de alto nivel y la conciencia de derechos impulsan la modernización del Estado frente a dilemas existenciales.
Tabla 2. Clasificación por ejes temáticos de la producción científica y jurisprudencial analizada (n=31)
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Nº |
Categoría Temática |
Artículos que la abordan (ID) |
Descripción |
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1 |
Derecho a la muerte digna y autonomía personal |
3, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 23, 29, 30 |
Analizan la autonomía y la autodeterminación como derechos fundamentales, utilizando el caso Estrada para validar el derecho a decidir sobre el final de la vida. |
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2 |
Eutanasia: debates jurídicos y constitucionales |
3, 6, 8, 22, 28, 30 |
Discuten la inaplicación del art. 112 del Código Penal, el control de convencionalidad y la armonización con tratados internacionales de DD.HH. |
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3 |
Perspectiva bioética y dilemas morales |
1, 4, 8, 9, 12, 20, 28 |
Exploran el conflicto entre la "sacralidad de la vida" y la "calidad de vida", la compasión frente al sufrimiento y la ética en la práctica clínica. |
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4 |
Perfil profesional, proactividad y competencias |
1, 2, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 29 |
Aportan el marco psicológico sobre cómo la alta cualificación y la autoeficacia impulsan a sujetos (como Estrada) a transformar reglas institucionales rígidas. |
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5 |
Impacto social, mediático y discursivo |
3, 6, 24, 26, 27 |
Evalúan cómo el caso transformó la opinión pública peruana y el papel de la formación ciudadana global en la aceptación de nuevos derechos. |
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6 |
Análisis judicial y propuestas de regulación |
3, 6, 16, 21, 22, 30 |
Examinan la jurisprudencia resultante, la necesidad de protocolos médicos específicos y rutas legislativas para la formalización de la eutanasia en Perú. |
La Tabla 3, constituye la fase final del procesamiento cualitativo de la investigación. En este apartado se desglosan los componentes esenciales que estructuran el fenómeno de la muerte digna en relación directa con el perfil profesional de los sujetos. A diferencia de las clasificaciones temáticas previas, esta matriz profundiza en la funcionalidad operativa de cada variable dentro del discurso académico y judicial, permitiendo identificar cómo interactúan los marcos éticos y legales en la resolución del caso analizado.
Un hallazgo fundamental en esta etapa es la integración psico-jurídica, donde se destaca la fusión entre la autonomía individual y la proactividad. Utilizando el marco de la psicología organizacional, la tabla explica cómo la alta cualificación y la autoeficacia permitieron a una ciudadana como Ana Estrada transmutar un padecimiento crónico en un activismo político-legal de alto impacto. Este enfoque revela que la demanda de derechos no solo nace de la vulnerabilidad, sino del capital intelectual que permite cuestionar y transformar las estructuras institucionales rígidas del Estado peruano.
Finalmente, los resultados exponen un marcado contraste normativo y ético, evidenciando la tensión persistente entre el carácter punitivo del Código Penal y los dilemas de la práctica clínica contemporánea ante sufrimientos incurables. Esta dinámica se ve reforzada por la globalización de estándares, donde la recurrencia a la jurisprudencia internacional y el impacto socio-digital demuestran que el caso no es un hecho aislado. Por el contrario, se inserta en una tendencia global de derechos de cuarta generación, impulsada por la interconexión de la era de la información y la exigencia de una modernización legislativa acorde a la dignidad humana.
Tabla 3. Variables críticas y dimensiones interpretativas extraídas del corpus documental (n=31)
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Variable Analizada |
Cómo aparece en las investigaciones (ID) |
Interpretación |
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Concepto de muerte digna |
1, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 28, 30 |
Evolución de una definición médica hacia una construcción ética basada en el bienestar subjetivo y la ausencia de sufrimiento. |
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Autonomía y Proactividad |
1, 2, 7, 11, 17, 19, 23, 25 |
La autonomía no es solo un derecho legal, sino una respuesta proactiva del sujeto cualificado ante entornos de restricción (caso Estrada). |
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Marco Legal y Tensiones |
3, 6, 8, 22, 28, 30 |
Conflicto normativo entre el Art. 112 del Código Penal y los derechos constitucionales a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad. |
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Referentes Internacionales |
3, 10, 20, 22, 24, 27, 30 |
Uso de legislación de Colombia, España y Argentina, y estándares de la OMS/WEF como sustento ante el vacío legal peruano. |
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Impacto Socio-Digital |
5, 7, 14, 21, 24, 26 |
El caso actúa como catalizador en la era de la información, transformando la percepción pública mediante la visibilidad mediática del activismo. |
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Dilemas de la Práctica Clínica |
4, 9, 12, 20, 25, 28 |
Tensión entre el deber médico de preservar la vida y la obligación ética de aliviar el sufrimiento incurable (limitación del esfuerzo terapéutico). |
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Regulación y Prospectiva |
3, 13, 15, 18, 21, 22, 29 |
Consenso sobre la urgencia de establecer protocolos técnicos y leyes específicas que eviten la inseguridad jurídica de los profesionales. |
La Tabla 4, en este consolidado destaca que la resolución del caso Ana Estrada no fue un fenómeno puramente jurídico, sino el resultado de una convergencia crítica entre la madurez del debate bioético global y la agencia proactiva de un sujeto con alto capital intelectual. Los datos revelan que la dignidad y la autonomía (Vázquez, 2017) se han consolidado como criterios prevalentes sobre la preservación biológica de la vida, impulsados por una ciudadanía global más consciente de sus derechos y capaz de articular demandas complejas ante un Estado con marcos normativos en transición (Boni & Calabuig, 2015).
Tabla 4. Síntesis integradora de hallazgos transversales: Dimensiones bioéticas, legales y de agencia profesional (n=31)
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Categoría |
Hallazgos Principales (ID Referencias) |
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Derecho a la muerte digna |
Existe un consenso académico en que la dignidad humana y la autonomía personal (Vázquez, 2017) prevalecen sobre la preservación biológica de la vida cuando el sufrimiento es irreversible (6, 8, 22, 28, 30). |
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Eutanasia y marco penal peruano |
Se ratifica la persistencia de un vacío legal. La sentencia del caso Estrada (2021) constituye el primer hito de control difuso sobre el Art. 112 del Código Penal, evidenciando un desajuste entre la norma y la realidad social (3, 6, 29). |
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Perspectiva Bioética y Clínica |
El sufrimiento irremediable se consolida como el criterio ético superior. Se propone una transición de la medicalización del suicidio hacia una planificación de la muerte basada en la voluntad anticipada (9, 18, 20, 25). |
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Dimensión Social y Ciudadanía |
El caso actuó como catalizador de la ciudadanía global (Boni & Calabuig, 2015), sensibilizando a la opinión pública y redefiniendo la laicidad del Estado frente a las libertades individuales en la era digital (21, 24, 26). |
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Agencia Profesional y Proactividad |
Se halla que el perfil de alta cualificación y autoeficacia (Arshad et al., 2024) permite a los sujetos transformar limitaciones físicas en activismo político, rediseñando su rol de pacientes a sujetos políticos activos (1, 11, 17, 23). |
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Regulación y Modelos Globales |
La literatura científica urge a legislar basándose en modelos de derecho comparado (España, Colombia, Argentina), integrando competencias éticas en la formación de los profesionales de salud (7, 14, 22, 30). |
Asimismo, los hallazgos subrayan el papel fundamental del perfil profesional y la autoeficacia (Arshad et al., 2024) en la transformación de la realidad legal peruana. Se evidencia que la alta cualificación del sujeto permitió rediseñar el rol tradicional del "paciente pasivo" hacia el de un "agente político activo", forzando un control difuso sobre el artículo 112 del Código Penal. En última instancia, la tabla proyecta una urgencia regulatoria basada en modelos internacionales, sugiriendo que la modernización legislativa no es solo una necesidad jurídica, sino un requisito ético para garantizar la sostenibilidad y el respeto a la libertad personal en los sistemas de salud contemporáneos.
Discusión
El análisis documental y jurisprudencial realizado en el presente estudio revela las profundas controversias y los vacíos judiciales que persisten en la gestión de la muerte asistida dentro del contexto peruano. De manera fundamental, se ha constatado que la sentencia emitida por el Décimo Primer Juzgado Constitucional representó un punto de inflexión sin parangón en el ordenamiento jurídico nacional. Al respecto, Nevado Pozo y Neyra León (2025) sostienen que la Corte Superior de Justicia de Lima reconoció, por primera vez en el ámbito jurídico peruano, la eutanasia como una expresión legítima del derecho a morir con dignidad. Este reconocimiento no solo resolvió la situación particular de una ciudadana, sino que impulsó un debate inédito que trasciende la legalidad para instalarse en la esfera de la autonomía radical y la ética existencial.
En este sentido, la literatura seleccionada coincide en que el caso de Ana Estrada ha fungido como el catalizador de un cambio de paradigma. La mayoría de los investigadores destacan que el fallo judicial autorizó la muerte asistida basándose en criterios de autonomía y dignidad humana, los cuales operan como límites frente a la potestad punitiva del Estado. Sin embargo, este avance jurisprudencial deja al descubierto los graves vacíos normativos en la legislación nacional. Estudios como los de Barturen Mondragón et al. (2024) enfatizan que la ausencia de una ley orgánica sobre la eutanasia genera un estado de inseguridad jurídica, donde la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, referente al homicidio piadoso, se realiza mediante un control difuso que no despenaliza la conducta de forma general, sino estrictamente para el caso en cuestión.
Desde una perspectiva bioética, los hallazgos permiten visualizar una tensión constante entre la autonomía de la paciente y los principios clásicos de la ética médica. Mientras que la ética hipocrática tradicional se orienta hacia la preservación de la vida a toda costa, los nuevos enfoques clínicos sugieren que el bienestar del paciente debe ser la prioridad suprema. En concordancia con ello, Martínez Navarro (2022) argumenta que el derecho a solicitar ayuda para morir debe entenderse como una extensión de la libertad individual en entornos medicalizados. Esta tensión se resuelve en la literatura a través de la legitimación del sufrimiento crónico y la voluntad persistente como factores que validan una decisión autónoma, desafiando las obligaciones contradictorias del Estado que, por un lado, protege la vida como bien jurídico indisponible y, por otro, debe respetar la autodeterminación como esencia de la dignidad.
Complementariamente, el estudio evidencia una preocupante carencia de políticas públicas integrales. La ausencia de mecanismos claros para la muerte asistida es solo la superficie de un problema estructural: la deficiencia en los sistemas de cuidados paliativos. Autores como Jiménez-Rodríguez (2023) y Nyatanga (2023) resaltan que la planificación de una muerte digna debería ser un abordaje clínico y educativo estandarizado. No obstante, en el Perú se observan inconsistencias operativas entre el Ministerio de Salud (MINSA), el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Esta descoordinación institucional no solo dilata los procesos de justicia, sino que vulnera el derecho del enfermo a recibir un acompañamiento integral en la etapa final de su existencia.
Por otro lado, es imperativo reconocer el rol decisivo de la cobertura mediática y digital en el posicionamiento del caso. Las redes sociales no solo sirvieron como plataforma para el activismo de Estrada, sino que ayudaron a construir un discurso social centrado en la dignidad personal. No obstante, este fenómeno también polarizó la opinión pública. Mientras sectores progresistas defendían la laicidad del Estado y la libertad corporal, surgieron narrativas de oposición fundamentadas en marcos éticos tradicionales y dogmas religiosos. Esta polarización refleja que el límite entre la autonomía humana para decidir su futuro y la intervención del Estado sigue siendo una frontera difusa tanto jurídica como éticamente, un aspecto que Sánchez-Barragán y Vassallo-Cruz (2021) asocian con la fragilidad humana, donde la enfermedad y la muerte demandan, ante todo, un trato digno al enfermo vulnerable.
En lo que respecta a la formación de los profesionales de la salud, los estudios de Bilgiç (2023) y Köse Tosunöz y Çi̇nçi̇noğlu (2025) advierten sobre la necesidad de transformar las mallas curriculares en enfermería y medicina. Se ha observado que, aunque existe una actitud favorable hacia los principios de muerte digna, persiste un temor legal a la ejecución de prácticas eutanásicas. La formación en competencias bioéticas se vuelve fundamental para que el personal de salud pueda enfrentar decisiones de final de vida sin el estigma de la criminalización. La experiencia internacional, comparada con proyectos de regulación en Argentina analizados por Leani (2025), sugiere que la inclusión de pacientes no terminales con discapacidades degenerativas es el próximo gran debate que el Perú deberá afrontar con rigor técnico y sensibilidad social.
Es pertinente subrayar que las limitaciones de las investigaciones actuales radican en su excesivo énfasis en la dimensión jurídica. Se observa una marcada ausencia de estudios sobre el impacto psicológico y social de la muerte asistida en los familiares y en la sociedad peruana en general. Esta carencia de datos empíricos sobre la salud mental de los involucrados impide una comprensión multidimensional del fenómeno. A pesar de ello, el consenso académico es claro: el Estado peruano actuó tarde y de forma reactiva ante una demanda ciudadana que exigía coherencia entre los tratados internacionales de derechos humanos y el ejercicio de la libertad personal.
Consideraciones finales
En suma, el análisis del caso de Ana Estrada confirma que la muerte digna en el Perú ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en un precedente constitucional ineludible. La evidencia documental demuestra que las tensiones entre la autonomía individual y las obligaciones estatales derivan de vacíos normativos que solo pueden ser subsanados mediante una legislación específica y orgánica. La sentencia de 2021 constituye un hito en la protección de la autonomía informada, validando el argumento de que el sufrimiento irreversible es un criterio ético suficiente para la justificación de la muerte asistida, superando las visiones restrictivas de la beneficencia médica tradicional.
Asimismo, queda patente que la desarticulación entre instituciones como el MINSA y el Poder Judicial obstaculiza la implementación efectiva de derechos fundamentales. El Estado tiene la responsabilidad urgente de desarrollar marcos regulatorios claros para cuidados paliativos y protocolos de eutanasia que eviten la polarización y la inseguridad jurídica. La lucha de Ana Estrada no fue solo una búsqueda de paz individual, sino una exigencia de modernización para un sistema que debe aprender a cuidar y acompañar al ser humano en su etapa de mayor vulnerabilidad, respetando hasta el último momento su capacidad de decidir sobre su propio destino.
Finalmente, la prospectiva del derecho a morir en el Perú requiere un enfoque que integre el conocimiento ciudadano, la bioética clínica y la reforma legal. Se concluye que la dignidad humana, como valor supremo, exige que el sistema de justicia y de salud se adapten a las realidades de las enfermedades degenerativas contemporáneas. Solo a través de un marco normativo laico, compasivo y técnicamente sólido, el Perú podrá garantizar que la libertad personal sea respetada incluso en la frontera final de la vida, consolidando así un Estado verdaderamente comprometido con la integridad y los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
Agradecimientos
A la Universidad Cesar Vallejo.
Conflictos de intereses
La autora declara la ausencia de conflictos de interés de naturaleza financiera, personal o institucional que pudieran haber influido en la interpretación de los resultados o en las conclusiones.
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